El 46% del territorio de Cataluña está ocupado por zonas de montaña: la Val d'Aran, las comarcas de la Alta Ribagorça, los dos Pallars, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Ripollès, el Berguedà y la Garrotxa, más todos aquellos municipios con características orográficas similares. Uno de cada tres municipios catalanes se encuentra en zona de montaña, donde vivimos el 4,5% de la población.
Hace 38 años se aprobó la Ley 2/1983, de 9 de marzo, de alta montaña, una ley territorial única, destinada a dotar de servicios y de infraestructuras a unas comarcas de montaña, pobres y con dificultades de desarrollo, según el planteamiento clásico.
La Ley 2/1983, que tuvo sus buenos resultados, fue declarada obsoleta en 2011 y se instó al Gobierno de la Generalitat a elaborar una nueva. Sin embargo, en los últimos diez años, como ocurre en tantos temas referidos a la montaña ya la Cataluña rural, la cuestión ha pasado a ser secundaria y no se ha desarrollado.
Sólo un ejemplo: en la Europa rural sólo el 60% de los hogares tienen acceso a la banda ancha, frente al 80% de los hogares de zonas urbanas; este hecho se considera un grave problema en una economía que debe ser digitalizada. Ante esto encontramos, por ejemplo, el caso del Pallars, donde el 60% de los municipios no tienen ninguna previsión de cuándo les llegará la banda ancha.
Desafortunadamente, no es ninguna noticia ni ninguna novedad que tardemos en nuevas políticas públicas de cohesión territorial. Con muchas necesidades todavía no revertidas: comunicaciones más caras y más difíciles, distancias de vías rápidas superiores a 70 minutos, poca capacidad decisoria a nivel político, movilidad restringida, agricultura menos competitiva, baja densidad y dispersión de la población, envejecimiento por emigración de los jóvenes , carencia de inversiones, etc., emergen nuevas prioridades, que pueden ser nuevas oportunidades para las zonas de montaña, como la banda ancha, el crecimiento verde o la transición ecológica.
Catalunya fue pionera en reconocer y en actuar en la montaña, como Francia, en el mismo momento, con Loi Montagne. Hoy, los franceses tienen aprobada la Loi Montagne II, disponen referentes ministeriales de ruralidad y acompañan a todos los proyectos de ley de Declaraciones de Impacto Territorial, un ejemplo de lo que se conoce como Rural Proofing, un movimiento que trabaja para ruralizar las leyes.
En Catalunya nos quedamos atrás y no podemos permitirlo. Aún estamos leyendo el mismo cuento clásico de siempre, cuando lo que necesitamos es un nuevo relato, que sea auténtico y actual, para realizar las acciones dinamizadoras adecuadas en las zonas de montaña.
Podríamos discutir si todo este panorama mejorará con una nueva Ley de Montaña, pero lo que queda fuera de discusión es que para poder construir nuevas políticas públicas eficientes es necesario reflexionar a partir de un nuevo enfoque de la montaña, basado en el reconocimiento de su realidad y en la utilidad general de su riqueza biológica y ambiental.